La Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana: Un marco integral propicio para la reducción de la violencia y el combate del delito en Honduras.

Según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ONUDD y la OEA del año 2012, Honduras tiene la tasa más alta de homicidios en América Latina, información que según el Observatorio de la violencia de la UNAH, registró un total de 7,140 homicidios en el año pasado, para un indicador de 85.5 por cada 100.000 habitantes. Los crímenes se concentran en las zonas urbanas, con un total de 74,1%, donde los departamentos más afectados son Cortés, Atlántida y Colón, en el norte del país, así como Copán, en el oeste, con tasas de homicidios, que superan el promedio nacional y donde el 83,4% de los homicidios se cometen con armas de fuego.

Los problemas actuales de criminalidad y violencia son multifactoriales, y están relacionados con profundas raíces sociales, derivados de enormes desigualdades, marginación y exclusión de una gran proporción de la población, donde la falta de oportunidades para las y los jóvenes, asociado a una cultura que valida la violencia como un mecanismo para resolver conflictos y la gran disponibilidad de armas de fuego en la población, se complementa con debilidad y desarticulación entre los organismos encargados del control del crimen (Policía, Ministerio Público y Poder Judicial), lo que conlleva a altísimos niveles de impunidad. Adicionalmente encontramos la presencia del crimen organizado internacional que sin duda es uno de los principales problemas para los países de la región.

El Gobierno de Honduras tiene sin embargo la decisión de  enfrentar la inseguridad, y es por eso que pone en funcionamiento la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Septiembre de 2011, donde se establecen las estrategias para el control del fenómeno hasta el año 2022, en concordancia con el “Plan de Nación, Visión de País”.

La política enmarca las acciones del Estado con propuestas que combinan acciones preventivas dirigidas a enfrentar los factores que generan la violencia y delincuencia, con aquellas que tienen por objeto el fortalecimiento de la capacidad en materia de seguridad y justicia para controlar y sancionar ejemplarmente las conductas violatorias de la ley. La Política involucra también a los alcaldes, dado que el enfoque local de la seguridad es fundamental para la realización de un certero análisis de situación, para la identificación de los principales problemas y para la ejecución de las políticas y acciones acordes con las particularidades y dinámicas propias de los problemas de cada municipio, dando a lugar al Programa Municipios más Seguros.

Las líneas estratégicas de la Política van desde la prevención hasta el control del delito y se expresan en tres componentes:

• Fortalecimiento de la gestión nacional y local de la seguridad ciudadana.
• Programas y proyectos de convivencia y prevención de la violencia y la delincuencia con enfoque de género y DDHH.
• Fortalecimiento de los equipamientos de seguridad, justicia y centros de privación de la libertad para enfrentar la violencia y la delincuencia.

El enfoque local de la seguridad es fundamental para la identificación de los principales problemas a enfrentar en cada lugar, dadas las particularidades y dinámicas propias de las manifestaciones de la violencia y la delincuencia. Asimismo, los Alcaldes tienen facultades con las que pueden intervenir en varios de los factores que inciden en la ocurrencia de hechos delictivos, por lo que en una visión integral del tema se convierten en protagonistas de la acción Estatal. Por otra parte, las autoridades locales tienen un contacto más directo con la comunidad  por lo que se deben convertir en el eslabón principal para promover la organización social para la seguridad en el marco de esta política.

Para apoyar el enfoque local de seguridad ciudadana y la convivencia, el PNUD, con el apoyo de la USAID, ha venido trabajando en algunos municipios con acciones preventivas que se materializan a partir de Planes Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y que constituyen un ejercicio de planificación y priorización de acciones, donde el gobierno municipal con los operadores de justicia y otros actores locales, construyen un plan de acción quinquenal con respuestas a la violencia y el delito desde los ámbitos preventivo y de control. En la medida en que los Planes Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que se enmarcan en el Programa Municipios más Seguros, reciban el apoyo financiero del gobierno nacional y municipal, así como de la cooperación externa para su implementación, éstos se convertirán en una herramienta de suma utilidad para reducir los niveles de violencia e inseguridad y mejorar la convivencia en los municipios.    

Este boletín tiene la intención de mostrar los desarrollos que el proyecto va alcanzando en los municipios donde se ha puesto en funcionamiento y donde se materializan acciones preventivas en las áreas de prevención de violencia juvenil y la resolución de conflictos por vía pacífica.